Las organizaciones que formamos parte de Euskalgintzaren Kontseilua –Consejo de los Organismos Sociales del Euskara– vivimos con preocupación la ola de sentencias recibidas desde los tribunales contra las medidas que tienen por objetivo la revitalización del euskara. A cada sentencia nuestra preocupación va en aumento, puesto que cada vez queda más claro que se trata de una tendencia que va más allá de sentencias aisladas; de una ola reaccionaria.
Lo que está pasando es grave por muchas razones. Por un lado, porque los jueces están de facto haciendo política lingüística, usurpando las funciones del poder legislativo y, en definitiva, pasando por encima de la voluntad de la ciudadanía. No olvidemos que, según la VII. Encuesta Sociolingüística, en la Comunidad Autónoma Vasca –el ámbito de influencia de estas últimas sentencias– tres de cada cuatro habitantes consideran que para trabajar en la administración hay que saber euskara, es decir, que estas sentencias están dejando sin efecto medidas que cuentan con un amplio consenso.
Por otro lado, la consecuencia de todas estas sentencias es la vulneración los derechos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que a miles de personas se les niega ser acogidos en la lengua en la que vertebran su vida –el euskara– en el espacio más importante para el ejercicio de la ciudadanía, la relación con la Administración. Esta negación tiene un gran impacto en muchos aspectos de la vida cotidiana de esta parte significativa de la población, empeorando notablemente la propia vivencia. Asimismo, vulnera los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la administración, al impedirles la posibilidad y el derecho a trabajar en euskara.
En este sentido, cabe destacar que el hilo conductor que une todas estas sentencias es una falsa premisa: contraponer derechos laborales y derechos lingüísticos. Al contrario, son derechos que se complementan, para nada contrapuestos, tal como lo han demostrado las protestas contra las sentencias, organizadas por las propias trabajadoras que han estado en el punto de mira.
Como se ha dicho anteriormente, las organizaciones que formamos parte de Euskalgintzaren Kontseilua asistimos con gran preocupación a estos sucesos. Nos preocupa porque se trata de una tendencia que se está intensificando no solo en la CAV, sino también en Nafarroa e Iparralde, así como en los ámbitos de las demás lenguas minorizadas presentes en los estados español y francés.
Desde la sociedad se nos ha hecho llegar la necesidad de responder ante lo que está aconteciendo. Tal y como se avanzó a principios de año, estamos trabajando en un protocolo para poner a disposición de la ciudadanía las herramientas necesarias para dar una respuesta a los retrocesos judiciales en materia lingüística. En cualquier caso, Kontseilua tiene claro que el camino más adecuado y eficaz para responder es profundizar en consensos sociales y políticos, con el objetivo de construir un pacto político y social que haga frente a esta ola reaccionaria. Un pacto político y social que no sólo responda a los recortes de derechos, sino que dé un salto adelante y recoja unas políticas lingüísticas sólidas para responder a los retos que tiene actualmente la revitalización del euskara. En este camino, Kontseilua iniciará una ronda de diálogo con diversos agentes sociales y políticos.
Insistimos en la gravedad de lo que está ocurriendo, porque más allá del proceso de revitalización del euskara está en cuestión la igualdad, la justicia y la cohesión social. Básicamente, la convivencia.
Gasteiz, 24 de marzo de 2023
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